A dos semanas de que se realicen los comicios electorales en el estado de Guerrero, los ciudadanos y ciudadanas enfrentamos un clima de violencia sin precedente, dice comunicado enviado desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. En tan sólo quince días de este año, las cifras oficiales han registrado 78 muertes violentas, predominando en estas la crueldad y el deceso de población pobre y joven. Lo más deleznable es la inacción del gobierno y la indiferencia ante el drama que vivimos y su insensibilidad para contener la violencia y el derramamiento de sangre.
En Guerrero sin el respeto a los derechos humanos corremos el riesgo de empantanarnos en una regresión política de lamentables consecuencias.
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Para la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos el respeto a los derechos humanos y a los derechos colectivos, debe constituir la base de cualquier proyecto político, con independencia de las orientaciones partidarias, no sólo en razón de los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano sino también en cuanto que la legitimidad democrática de un gobierno se sustenta en el compromiso cotidiano y efectivo con los derechos humanos y derechos colectivos como fundamento de todo
acto de gobierno.
Desde la Red consideramos que la elección requiere que los candidatos asuman posiciones claras en temas tan acuciantes para la entidad como la seguridad, los efectos de la militarización en el estado, la procuración de justicia, la protección de las y los defensores de derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información a partir de garantías de seguridad para las y los periodistas, la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la situación de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres y el respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, por mencionar sólo algunas de las problemáticas en nuestro estado.
Las campañas que hemos presenciado tampoco han incorporado al debate público una reflexión sobre la necesidad de revisar a fondo el modo en que el gobierno estatal va a cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como con las sentencias internacionales que lo han colocado como uno de los estados más inseguros y en donde más impera la impunidad y la corrupción. En esta entidad se ha institucionalizado la militarización por encima de nuestro marco legal y se sigue encubriendo a los violadores de derechos humanos.
Así mismo en las campañas tampoco se ha discutido la necesidad de revisar a fondo el modo en que el gobierno estatal se relaciona con los pueblos indígenas. El respeto de los derechos a la tierra y el territorio; a la autonomía; a los sistemas normativos internos; a la libre
determinación; y a la identidad cultural de los pueblos nahua, me’phaa, na savi y naancue ñomdaa, no ha sido atendido por los candidatos, quienes han instrumentalizado las demandas de las comunidades para fines electorales. Esto se evidencia en que ninguno de los candidatos se oponga decididamente al despojo de los recursos naturales de los pueblos, amenazados por los proyectos de minería a cielo abierto que se buscan implementar en la Costa – Montaña, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental.
Las y los guerrerenses hemos perdido la confianza en el sistema de justicia estatal y nos hemos visto obligados a buscar la auto-protección. En lugar de garantizar un verdadero acceso a la justicia para la población indígena y campesina, los gobiernos se han dedicado a despojarlos de sus tierras y a criminalizar sus luchas. Los mismos candidatos se han alineado para apoyar la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, sin importarles los derechos de los campesinos, quienes son los únicos que pueden decidir el destino de sus tierras.
El gran desafío de los candidatos y los partidos es recuperar la confianza de las y los electores, escuchar y atender sus demandas, implementar cambios de fondo y desterrar la corrupción. Deben asumir el compromiso de que los derechos humanos y los derechos colectivos formarán parte del eje transversal de un gobierno que aspira a consolidar una democracia nutrida con la fuerza de las ciudadanas y ciudadanos.
En Guerrero sin el respeto a los derechos humanos corremos el riesgo de empantanarnos en una regresión política de lamentables consecuencias. Como consecuencia de los anterior, los planteamientos en esta materia serán presentados al gobernador electo ya no como un trampolín para impulsar una candidatura sino como un conjunto de exigencias mínimas en cuyo cumplimiento estriba la reconstrucción de la hoy perdida legitimidad democrática del gobierno estatal.
Por la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos:
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos
Colectivo contra la Tortura y la Impunidad – Guerrero
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”