La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos hace un recuento crítico de los impactos devastadores que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha significado para la industria, la agricultura, la alimentación y soberanía alimentaria, así como en la cultura y el bienestar de la sociedad mexicana.
A partir de los más de 500 casos documentados a través del proceso del TPP en México, las y los jueces de la Audiencia han encontrado la responsabilidad estatal y de otros actores (empresas trasnacionales, terceros estados y organismos internacionales, en diferentes casos) por la violación a los derechos humanos en un contexto de impunidad, violencia y represión.
Del conjunto de documentos y declaraciones aportados durante las audiencias del Capítulo México del TPP se desprende que hay indicios suficientes, a juicio del tribunal para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad, en sus modalidades de asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos; desaparición forzada de personas.
La sentencia será enviada a diferentes instancias gubernamentales como lo es la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, entre otras, así como al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre otras.
Sobre el Tribunal Permanente de Pueblos
A partir de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel, 1976), el papel del TPP ha sido el de ofrecer una alternativa a los pueblos que no encuentran respuestas en las instituciones (nacionales e internacionales) que oficialmente representan el derecho de los Estados.
El TPP busca ser una tribuna de visibilidad, de análisis, evaluación y juicio sobre las causas y los responsables de crímenes que pretenden transformar a mujeres y hombres sujetos de derechos inviolables (individuales y colectivos) en víctimas despojadas y depredadas.
23,605 personas desaparecidas, en la administración de Enrique Peña Nieto ya van más de 5,000 ¿y los 43?
Las y los jóvenes han sido un grupo social que en reiteradas ocasiones han reprochado a los últimos gobiernos en México, incluido el de Peña Nieto, por su talante violento para la resolución de cualquier conflicto. Una vez que resultó un escándalo las evidencias de que el Estado estaba atentando de nuevo contra jóvenes, esta vez contra la vida de los estudiantes normalistas en Guerrero, se empezó a reconocer en el escenario local, nacional e internacional la peor crisis de una realidad mexicana de narco, violencia, pobreza e impunidad.
En los últimos días se dio a conocer que Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en el municipio Ayotzinapa de la ciudad de Iguala, estado Guerrero (suroeste) fue localizado mediante pruebas de ADN entre un saco de restos humanos de las muchas fosas encontradas tras iniciadas las investigaciones por el caso de Ayotzinapa. De acuerdo a testimonios, tras una represión del cuerpo policial local a la caravana de estudiantes que se dirigían a la capital federal, los 43 estudiantes fueron entregados a la banda criminal “Guerreros Unidos”.
La desaparición tiene varios momentos y uno de ellos es cuando una persona desaparece y sus familiares acuden ante la autoridad a denunciarlo y solicitar ayuda, encontrándose con una respuesta del ministerio público que te recomienda volver a casa y mejor no meterse. Eso es también una desaparición forzada, pues de acuerdo con los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, una desaparición forzada se da por la acción u omisión de un elemento del Estado,
La desaparición no deja mártires y sin cuerpo no hay certeza de saber si una persona está muerta o está viva, la desaparición genera terror en el entorno inmediato y en la sociedad en general, cuando se sabe que son miles y que muchos han sido operados por grupos criminales en complicidad con cuerpos policíacos y autoridades.
De acuerdo con la geografía de los crímenes contra la juventud y las generaciones futuras, presentada en el capítulo “Juvenicidio” del TPP, se refleja la posibilidad de haber una relación entre la presencia de recursos naturales importantes con el reciente incremento de desapariciones forzadas en algunos estados del país. Esta tesis está basada en la sobre-posición de imágenes-mapeo en zonas de México donde se tienen recursos naturales, territorios comunales, narcotrafico, delincuencia organizada y megaproyectos desarrollistas los cuales, se presume, han implicado estrategias de terror, violencia y despojo contra los pueblos.